La discusión en torno a la eliminación del régimen de Contrato por Administración de Servicios, más conocido como CAS, que fue una de las promesas de campaña del presidente de la República, Ollanta Humala, y que tiene en su sistema a más de 90 mil trabajadores, está entrando en una etapa decisiva.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, explicó que actualmente existen dos proyectos de ley: uno presentado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso y otro realizado por el Ejecutivo. Ambos tienen el objetivo de eliminar el CAS. Sin embargo, el problema, como se puede ver, no es de fondo sino más bien de forma.
Como se recuerda, a fines de noviembre del año pasado la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, presidida por el parlamentario de Fuerza 2011, Julio Gagó, aprobó de manera unánime que se deroguen los regímenes CAS y de Contratación de Servicios No Personales.
Sobre dicho proyecto de ley, que significaría que los trabajadores del sector público ingresen a planilla de manera inmediata a través del decreto legislativo N°276, el titular del MEF indicó que según los cálculos que su ministerio ha hecho, ese cambio tendría un costo aproximado de por lo menos S/. 800 millones por año.
“El cálculo que hemos hecho es que esto cuesta aproximadamente 800 millones de soles por año. Pero lo que hemos previsto ha sido que esto debe hacerse en un proceso de manera progresiva”, manifestó Castilla.
Sin embargo, esta cifra es muy distinta a la que dio el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena. Este señaló que la aprobación del proyecto de ley de la Comisión de Trabajo del Congreso para eliminar el CAS e incorporar a estos trabajadores al decreto legislativo N°276 significaría un costo de S/. 4 mil millones anuales.
Además, Villena sostuvo que, de aprobarse dicho proyecto de ley, los peruanos tendrían que asumir el gasto de la eliminación del CAS a través del pago de más impuestos.
Cabe señalar que el pasado 6 de enero, durante la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso, el titular de Trabajo recomendó que dicho proyecto de ley sea nuevamente revisado por la Comisión de Trabajo, junto con el enviado por el Ejecutivo.
PROPUESTA DEL GOBIERNO
En relación con el proyecto de ley presentado por el Gobierno, Castilla indicó que, de aprobarse, este empezará a implementarse el próximo año porque, según dijo, “es la única forma de poder compatibilizar la inclusión y la formalización de los trabajadores manteniendo el manejo racional de los recursos”.
El titular del MEF también explicó que en su proyecto de ley está establecido que desde este año los trabajadores que se encuentran laborando bajo el sistema CAS ya pueden recibir los beneficios que tiene cualquier trabajador que se encuentra en planilla, como son: vacaciones por 30 días, las gratificaciones de julio y diciembre, y una indemnización en el caso de que sean despedidos de manera arbitraria.
“Ya se les puede dar los beneficios como vacaciones, indemnización por despidos injustificados y las gratificaciones de julio y diciembre. Eso ya se les puede dar y eso incluye nuestro proyecto de ley”, remarcó.
Asimismo, Castilla reiteró su pedido a las empresas públicas para que revisen lo más pronto posible la cantidad de personal con que actualmente cuentan y hagan una comparación con el número de trabajadores profesionales que realmente necesitan.
“Cada entidad debe revisar los perfiles que requiere. En algunos casos, de repente, tendrá que contratar a más personal, pero en otros casos tendrá que deshacerse de personal, pero todo es un proceso ordenado que se ve a partir de este año y que se comienza a implementar gradualmente, a partir del 2013”, explicó.
Finalmente, el ministro sostuvo que el objetivo del gobierno del presidente Ollanta Humala es migrar a un nuevo régimen laboral que se base exclusivamente en la meritocracia.
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